La verdad conveniente

Tan confortable como intencionada:

En los medios y la opinión publica se encuentran hoy, en todas sus declinaciones posibles, los términos “judicialización” de la política y “abuso del Constitucional”.

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El cimiento de la democracia es el derecho, no se puede extirpar el sistema politico del judicial.

Pocos recuerdan que el cimiento de la democracia es el derecho y que no se puede aislar el sistema político del judicial.

Dos axiomas de cualquier democracia liberal lo demuestran:

  1. La política no se judicializa si se cumplen las normas. Solo los regímenes autoritarios están por encima de la ley.
  2. En cualquier regimen descentralizado la obligada relación, dinámica y cambiante, entre la administración autonómica y estatal, es regulada por el Tribunal Constitucional.

Por esto, resaltar el excesivo protagonismo de la justicia, solo conviene al nacionalismo catalán.

Cómo el gobierno de CiU/Esquerra reconoció ya en 2014 en su Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, la aceptación de estos principios impedirían la consecución—inmediata—de sus objetivos.

Ni el derecho de la UE ni el derecho internacional contienen ninguna disposición que prevea un procedimiento al que se pueda acoger la Generalitat para convocar una consulta como la que se reclama mayoritariamente en Cataluña (enlace).

En democracia no se puede diseccionar la justicia de la política: el parlamento es el órgano legislativo.

No es culpa ni de Rajoy, ni de Sánchez o del siguiente. El sistema—democrático—no lo permite.

Este es el problema, por muy legitima que sea cualquier aspiración.

Para que políticos y parlamento acepten las aspiraciones secesionistas, estas tienen que ajustarse a la legalidad democrática.

Los movimientos revolucionarios fascistas, socialistas y anarquistas, cada uno de distinta forma, lo experimentaron en la segunda mitad del siglo.

Democracia y respeto a las leyes son inseparables. Por eso, de los anteriores movimientos, solo el socialismo democrático ha sobrevivido.

El nacionalismo en España esta ahora en su etapa revolucionaria. No acepta la legalidad y busca imponer un nuevo orden político.

Porque no solo existen ellos y porque somos una democracia, seria deseable que aceptaran la normas jurídicas.

Pero su revolución no ha terminado todavía. La proximidad del juicio de sus dirigentes solo pueden acentuar sus intereses en dispensar a la política de la justicia.

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