La verdad conveniente

La excesiva “judicialización” de la política y del “del recurso al Tribunal Constitucional”, domina desde hace ya tiempo la mayoría de noticias y conversaciones sobre la situación política catalana, y se ha convertido en una verdad conveniente: tan confortable como intencionada.

Titulares

Utilizando un foco y énfasis determinado estos titulares no informan sino concluyen: la acción política esta ausente. Confunden realidad con conjeturas, y tanto pueden expresar desesperación ante la ausencia de soluciones, como frustración por no haber obtenido sus deseos. Entendible pero no enteramente justificado.

Quienes realizan estas afirmaciones olvidan mencionar que en democracia la política no se judicializa si se cumplen las normas. Porque es un sistema político últimamente regido por leyes no por individuos.

Solo los regímenes autoritarios están por encima de la ley y exoneran al sistema político del judicial.En democracia nadie esta por encima de la ley, porque la primacía de ley es la garantía contra la arbitrariedad del gobernante.

Entre las funciones principales de la justicia está precisamente poner orden entre los poderes del Estado, regular la distribución de autoridad y jurisdicción entre sus instituciones y resolver, de acuerdo al procedimiento establecido, sus posibles disputas. ¿No será que en lugar de una excesiva judicialización estamos ante frecuentes desacatos y desordenes?

En una sociedad diversa con un régimen de tipo federalista como el español, las mismas virtudes de descentralización territorial, también pueden propiciar transgresiones de las normas por sus actores, tanto locales como generales. Es por esto, que en cualquier nación descentralizada la relación, dinámica y cambiante, entre la administración autonómica y estatal, es regulada por el Tribunal Constitucional o Supremo1.

En unas circunstancias como las actuales, cuando se esta cuestionando desde el gobierno catalán el principio fundamental del Estado, la legitimidad de la nación que lo forma, el Tribunal Constitucional y Supremo no pueden sino mantener una actuación sostenida y relevante.

La otra alternativa, que la mayoría de los partidos españoles no quieren tomar, resulta en un camino que todas las partes (ver más adelante) reconocen como singular y que en los últimos 7 años, tres países, Alemania, Italia y EEUU2,3,4, han rechazado.

A nivel general, los cambios requeridos incluyen:reforma constitucional y plebiscito nacional, aceptar la división permanente de la soberanía y situar a ambos, Estado y sus partes bajo la constante amenaza de expulsión (¿mutua?);y ausencia de futuro estable para políticas de desarrollo social y económicas. Además en el caso catalán habría que añadir dos mas: sin fronteras aceptadas5; ni minorías resultantes protegidas porque el español y cultura asociada, se consideraría «no propia del país»6,7,8.

Consideraciones todas de importantes consecuencias para la convivencia y el progreso pero que se obvian del debate general. Porque en los asuntos de gran envergadura, como en el amor romántico, parece que basta con desearlos.

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Propercio y Cintia en Tívoli, de Auguste Vinchon

En estos momentos, resaltar el excesivo protagonismo de la justicia, solo conviene al nacionalismo catalán, empeñado en desautorizar y no acatar los cauces previstos en la constitución para su reforma. A este respecto es relevante señalar dos antecedentes significativos.

La primera resolución del Parlamento de Cataluña de 1989 afirmando el derecho de autodeterminación del pueblo catalán establecía de forma explicita que cualquier cambio se llevaría a cabo «a través de las actuaciones previstas en el ordenamiento constitucional». Resolución aprobada con los votos favorables de CiU, ERC, ICVi y el CDS de Alfonso Suarez, en contra del PSC y la, oportuna, ausencia del PP.

Mas recientemente, en 2014 el gobierno de CiU/Esquerra reconoció en el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña—considerado el documento central del independentismo por del juez Llarena en su auto de procesamiento9—que la aceptación de estas normas constitucionales impedirían la consecución de sus objetivos. Textualmente, en esta declaración de principios independentista se establecía que «ni el derecho de la UE ni el derecho internacional contienen ninguna disposición que prevea un procedimiento al que se pueda acoger la Generalitat para convocar una consulta como la que se reclama mayoritariamente en Cataluña10,11».

Dejando a un lado las contradicciones a las que nos tiene acostumbrado el nacionalismo, cambiando constantemente la forma y el lugar de la portería de sus argumentos. No se puede culpar de la situación ni a Rajoy, ni a Sánchez o a quien les suceda. El sistema democrático no permite ignorar la Constitución. Esto lo reconocen en sus principales resoluciones parlamentarias y gubernamentales todos los partidos independentistas y no solo los constitucionalistas.

Este es el problema, por muy legitima que sea cualquier aspiración. Para que la justicia y el parlamento acepten los objetivos secesionistas, estos tienen que ajustarse a la legalidad democrática. Caso contrario, la acción de la judicatura es inevitable.

Los movimientos revolucionarios fascistas, socialistas y anarquistas, cada uno de distinta forma, lo experimentaron en la segunda mitad del siglo. Democracia y respeto a las leyes son inseparables. Por eso, de los anteriores movimientos, solo el socialismo democrático ha sobrevivido.

El nacionalismo en España esta ahora en su etapa revolucionaria. No acepta la legalidad y busca imponer un nuevo orden político. Porque no solo existen ellos y porque somos una democracia, seria deseable que aceptaran la normas jurídicas.

Pero su revolución no ha terminado todavía. La proximidad del juicio de sus dirigentes solo pueden acentuar sus intereses en dispensar a la política de la justicia.

Tal vez, la misma justicia que añoraban al final de la dictadura de Primo de Rivera los habitantes de un pueblo cuando recibieron a los enviados republicanos bajo el lema «larga vida a aquellos que nos traen el estado de derecho»12.

Referencias

  1. Watts, R.L., 2000. Comparing federal systems (No. 342.24). Queen’s University (Kingston, Ont.). Queen’s University (Kingston, Ont.) 2nd edition, pp.99-108. (enlace)
  1. Office of the Lieutenant Governor, Appelle. Supreme Court No. S-13024. Decided: January 15, 2010. Scott Kohlhaas, Appellant, v. State of Alaska. (enlace)

Secession is clearly unconstitutional and therefore an improper subject for the ballot initiative”If  the people of Alaska wish to effect lawful constitutional change, they must do so in the modes outlined by the Alaska Constitution itself.

  1. Corte Costituzionale. Sentenza 118/2015. Decisione del 29/04/2015. (enlace)

7.2 …. el pluralismo y la autonomia no permite que las Regiones se clasifiquen en terminos de soberania… Una iniciativa de referéndum que, como la que se examina, contradice la unidad de la República y nunca podría traducirse en un ejercicio legítimo de poder por parte de las instituciones regionales

  1. Bundesverfassungsgericht2 BvR 349/16, 16. Dezember 2016. German Constitutional Court, Decisión. (enlace)

In the Federal Republic of Germany, as a national state based on the constitutional power of the German people, the states are not “masters of the Basic Law”. For secessionist aspirations of individual countries, there is no room under the Basic Law. They violate the constitutional order.

  1. Resolución  306/11 de 2016 del Parlamento Catalan punto 1.4.«El Parlament de Catalunya expressa el seu supor als moviments que en aquests território dels Països Catalans reclamen el dret a decider»(original en catalán, no existe traducción) (enlace)
  2. Esquerra Republicana. Programa Electoral Eleccions 2012 al Parlament de Catalunya. 2012. “L’estat és l’instrument necessari per tal de fixar un marc lingüístic estable, adaptat a la realitat del país, en la que el català serà llengua, nacional, pròpia i d’ús preferent a tots els nivells de l’administració”. (enlace)
  1. Programa Electoral Junts Per Catalunya. 2017. «Apostem per la preeminència del català com a llengua pròpia del país» (enlace)
  1. Programa politic de la CUP-CC. Eleccions del 21 de Desembre de 2017.«llengua catalana com a llengua de la República» punto 170, p.42 (enlace)
  2. Tribunal Supremo. Sala de la Penal Auto 2097/2017 del 21/03/2018 (enlace)
  1. Consejo Asesor para la Transicion Nacional. Libro Blanco transición nacional Cataluña. 2014, pagina 26, apartado 1.2. sección 3).(enlace)
  2. de Miguel Bárcena, J., 2016. Manual para construir un estado. Los informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña. Teoría y realidad constitucional, (37), pp.499-528. (enlace)
  3. 12.Graham, H., 2005. The Spanish Civil War: A very short introduction (Vol. 123). Oxford University Press, p.1

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